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Recull de premsa FAPA-València 4 de juliol de 2013

                                            Las Provincias

Los colegios
privados piden no pagar el IBI como los concertados

La patronal solicita
a la Conselleria de Educación que amplíe las desgravaciones fiscales más allá de
los gastos en material escolar

La asociación que
agrupa a los colegios privados valencianos se ha sumado a la campaña nacional
impulsada por la patronal Acade para solicitar que este tipo de centros queden
exentos de pagar a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una
medida que les permitiría equipararse con el resto de instituciones dedicadas a
la educación reglada: escuelas públicas, concertadas y universidades.

Tal y como explicó
Alejandro Monzonís, presidente de Acade en la Comunitat, no pueden acogerse a
este beneficio fiscal al tener la consideración de empresas privadas. Hay que
tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los casos esta prerrogativa, como
refleja la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplica a bienes de
dominio público, como por ejemplo, carreteras, líneas de ferrocarril o montes
propiedad de las administraciones.

Sin embargo, a partir
de 1994 se impulsó una modificación legislativa con el objetivo de «establecer
una nueva exención en el IBI a favor de los centros docentes privados acogidos
al régimen de conciertos educativos, en tanto mantengan su condición de centros
total o parcialmente concertados», según se desprende del real decreto que
desarrolla esta medida.

Algo parecido es lo
que pretende la patronal Acade a nivel estatal, que ya se ha dirigido al
Ministerio de Hacienda para sondear las posibilidades de impulsar un cambio
legal en este sentido. Al fin y al cabo, como argumentó Monzonís, la titularidad
de los concertados sigue siendo de carácter privado, como sucede con los centros
incluidos en la asociación que preside, independientemente de que los primeros
reciban cuantías económicas del erario público para cubrir nóminas o gastos de
funcionamiento.

Si el Gobierno
aceptara impulsar el cambio, teniendo en cuenta que la Administración central
tiene las competencias sobre la materia, el beneficio sería doble a juicio de
Monzonís: ganarían los centros, al reducir una parte importante de sus cargas
fiscales, y también las familias. «Sería muy positivo al tratarse de colegios
con un elevado volumen de edificación, y el beneficio se repercutiría
directamente en los estudiantes», dijo. Por un lado, al existir más recursos
económicos para destinar a otras cuestiones, como equipamientos educativos o
servicios, y por el otro, porque la reducción del gasto corriente daría más
margen de maniobra para minorar los precios de la matrícula.

No se puede olvidar
que entre los numerosos efectos de la crisis está la disminución del número de
alumnos que cursan sus estudios en los centros privados, lo que también implica
un descenso de su principal fuente de financiación.

En contra de la
propuesta de Acade juega también la situación económica que sufre el país. Hay
que tener en cuenta que el Gobierno debe compensar a los ayuntamientos, que son
la entidades beneficiarias del IBI, por cada exención autorizada para los
centros concertados. Por no hablar de las reticencias que puede generar entre
los municipios, pues el impuesto es la segunda partida de ingresos más
importante tras las transferencias del Estado.

Precisamente ayer se
celebró en la Conselleria de Educación una reunión entre la cúpula directiva del
departamento y responsables de Acade-cv en la que se trataron diferentes temas
de interés para los colegios privados. Según señaló Monzonís, se solicitó a la
consellera María José Català ser incluidos en las desgravaciones fiscales
aprobadas el pasado año en concepto de material escolar, pues sólo afectan a los
centros públicos y los concertados. A través de la renta permiten un ahorro de
hasta cien euros a las familias, aunque se exigen requisitos como que uno de los
miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo.

También reiteraron la
importancia que tendría para las familias que se adoptara el modelo que ya
funciona en Madrid, que permite deducir en la declaración de la renta gastos de
escolaridad más amplios, como los relacionados con la matrícula, los libros de
texto, la uniformidad o las actividades extraescolares hasta un máximo de 900
euros.

Català, receptiva

Se trata de una
reivindicación que la patronal valenciana lleva tiempo planteando a la
Administración autonómica, pues beneficiaría a todo el alumnado
independientemente de la titularidad del centro. Según el presidente de la
patronal valenciana, la consellera Català se mostró «receptiva» ante la
propuesta

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